Vuelta a la Democracia. Argentina 1983

La vuelta a la Democracia en 1983 fue para Argentina un momento emblemático que ponía fin a una cruenta dictadura militar. Consolidar la Democracia no fue una tarea sencilla y el presidente electo, Raúl Alfonsín, tuvo que hacer frente a muchos obstáculos en una sociedad muy dividida. ¡A continuación, les brindaremos información sobre este periodo histórico tan importante!

Retorno a la Democracia ⁽¹⁾

En las elecciones presidenciales de 1983, el radicalismo logró vencer en la contienda con la promesa de mantener la plena vigencia de la Constitución Nacional. Esta fue la primera vez que el Partido Justicialista perdía en unas elecciones libres y sin condicionamientos políticos.

El candidato presidencial por parte del radicalismo fue Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia de la nación el 10 de Diciembre de 1983. Su campaña electoral buscó permanentemente brindar un mensaje de «paz social» y de consolidación del Estado de derecho. La propuesta fundamental del alfonsinismo era el enjuiciamiento de las Juntas militares y de los máximos culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La defensa de los Derechos humanos ⁽²⁾

Hacia el final de la dictadura y a comienzos de la democracia, se descubrieron cientos de cadáveres no identificados, los cuales muchos se encontraron enterrados en fosas comunes. Ramón Camps, exmilitar y represor, admitió que los militares fueron responsables del secuestro y la muerte de al menos 5000 personas. Ante la indignación popular, en Diciembre de 1983, Alfonsín creó a través de un decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Esta comisión fue presidida por el escritor Ernesto Sábato y tenía la misión de investigar, reunir pruebas e informar sobre los secuestros, torturas, asesinatos y destino de las personas detenidas/desaparecidas durante el último gobierno militar.

Durante nueve meses, la CONADEP recogió miles de denuncias y testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y personas cercanas de desaparecidos. Finalmente, los resultados de la investigación se sintetizaron en el famoso informe Nunca más. En él, se revelaba que hubo 8961 personas desaparecidas y 380 centros clandestinos de detención. De este modo, quedaba en manifiesto la existencia de un plan sistemático orquestado por la dictadura.

En un primero momento, el alfonsinismo pretendió que los militares se autojuzgaran. Por su parte, el gobierno ordenó el arresto de los comandantes de las tres primeras juntas militares y la persecución de los principales líderes de las organizaciones armadas. De este modo, pretendió igualar las responsabilidades de los grupos «guerrilleros» y del terrorismo de Estado, sentando las bases de lo que se conoce como “la teoría de los dos demonios”. Además, se  derogó la ley de autoamnistía con la que los militares habían pretendido exculparse y evitar cualquier investigación penal posterior.

Los juicios a las Juntas militares

Los militares comenzaron a ser juzgador por el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, este sostuvo que el accionar militar contra la subversión fue «inobjetable». Fue así que, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal asumió entonces la tarea de enjuiciar a las juntas militares de la última dictadura. Los juicios dieron como resultado la condena de: Videla y a Massera a prisión perpetua, a Viola 17 años de condena, 8 años a Lambruschini y 3 años y 9 meses a Agosti. Los demás miembros de las Juntas no fueron condenados por considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes.

Este proceso judicial fue importante porque era la primera vez que los responsables de una dictadura latinoamericana se sentaban en el banquillo de acusados y tenían un número de prontuario. Sin embargo, para quienes exigían el castigo de todos los involucrados, consideraron que las condenas no habían sido lo suficientemente drásticas para los responsables de un genocidio.

Ley de punto final

Vale destacar que los militares, aún fuera del gobierno, seguían siendo un elemento importante de presión y poseían mucho poder. Con el fin de mantener el equilibrio político, El gobierno de Alfonsín se había comprometido con el nuevo jefe del Estado Mayor, el general Héctor Ríos Ereñú, a que se reducirían los enjuiciamientos militares. Empero, Este intento por reducir el número de condenados no prosperó ante la amenaza de renuncia de todos los integrantes de la Cámara Federal.

Tiempo mas tarde, el Congreso aprobó una propuesta del gobierno, conocida como “Ley de punto final”, que fijaba una fecha tope para iniciar causas por la represión ilegal. Este hecho marcó el inicio del retroceso de la lucha política por los derechos humanos. Sin embargo, y a diferencia de lo que esperaba el gobierno, la fecha límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de Estado incentivó a que, en muchos juzgados de todo el país, se incrementaran las denuncias y se aceleraran las presentaciones de pruebas.

A su vez, las Madres de Plaza de Mayo consideraron que la Ley de punto final representaba una amnistía encubierta entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Por ello, esta asociación lanzó una campaña nacional con la consigna «Cárcel a los genocidas»

La presión militar

Al multiplicarse los juicios militares y la presión social, el fin de Semana Santa de 1987 se produjo el levantamiento de los «carapintadas» bajo las órdenes de Ernesto Barreiro y Aldo Rico. Centenares de militares se embetunaron la cara en señal de guerra y se sublevaron. Estos militares querían reivindicar la «lucha contra la subversión» y pedían la amnistía junto a la suspensión de las citaciones judiciales.

En contra de este levantamiento, miles de civiles se congregaron en Plaza de Mayo para dar apoyo al gobierno democrático de Alfonsín. Luego de que el presidente se junte con Aldo Rico, Alfonsín proclamó:

«Felices Pascuas. La casa está en orden. No habrá sangre en Argentina.»

Tiempo más tarde, el congreso sancionó la «Ley de Obediencia Debida» por medio de la cual se eximía de responsabilidad a los oficiales superiores y sus subordinados por haber obedecido órdenes ilegales de sus superiores, e incluso cometido «excesos» como la tortura. De ese modo, en ese momento sólo la cúpula militar quedaba bajo condena. A estas leyes, de Punto Final y de Obediencia Debida, se las calificó como «leyes de impunidad», porque dejaban sin castigo a gran parte de los represores. En 1988, nuevamente Aldo Rico, quien escapó de su reclusión, se rebeló ante el gobierno con un nuevo levantamiento. Sin embargo, Rico fue rápidamente derrotado gracias a la colaboración del ejército. En Diciembre de ese mismo año, Mohamed Alí Seineldín, quien reclamaba una amplia amnistía para los militares procesados y juzgados, también se levantó pero fue derrotado y terminó en prisión.

En 1989, Enrique Gorriarán Merlo, ex integrante del ERP, intentó copar el cuartel militar de La Tablada, pero fue rápidamente aplastado por el ejército nacional. Los implicados en el levantamiento fueron juzgados y recibieron duras condenas

La situación económica ⁽³⁾

El gobierno democrático heredó una situación económico pésima. La dictadura cívico-militar removió las bases de la industrialización sustitutiva, que se venía desarrollando desde 1930. Por otro lado, Argentina poseía una gran deuda externa y ,además, los precios de los productos agrícolas estaban en baja. Sin embargo, las clases dirigentes no estaban a favor de suspender el pago de la deuda, ya que esto provocaría un embargo financiero internacional y muchas represalias. De este modo, el gobierno buscó renegociar la deuda y en 1984 suscribió a un acuerdo con el FMI. Pero cualquier refinanciación tenía como condición que el país solicitante acordase el pago de la deuda externa como absoluta prioridad y, al mismo tiempo, iniciara un “ajuste” profundo de su economía.

En el plano interno el gobierno tomó una serie de medidas inadecuadas. La inflación comenzó a crecer y la especulación financiera cobró un renovado impulso. En abril de 1985, Alfonsín anunció que el país entraba, porque no había otro remedio, en una “economía de guerra”.

El Plan Austral

Para hacer frente a la crisis, Alfonsín designó a Juan Vital Sourrouille como ministro de Economía. Este consideraba fundamental implementar un ajuste económico. Por ello, anunció el «Plan Austral». Este tenía como objetivo prioritario contener la suba de precios mediante un shock antiinflacionario. El Estado pasó a controlar los precios, los salarios, las tasas de interés y de cambio, y realizó una reforma monetaria por la cual el peso moneda nacional fue reemplazado por “el austral». En un principio, el plan contó con el visto bueno del sector empresarial y sindical. La inflación se logró reducir, pero cuando se puso en marcha la etapa de descongelamiento salarial, el gobierno no pudo contener la situación y tuvo que ceder ante las presiones sindicales. Los empresarios de todos los sectores trasladaron a los precios el aumento salarial y otra vez la inflación volvió a crecer.

A comienzos de 1987, el equipo económico planteó la apertura de la economía y la reforma del Estado como requisitos para terminar con el prolongado problema inflacionario. El gobierno anunció un alejamiento del Estado en la regulación de la economía y comenzaron las privatizaciones en el área de química y petroquímica. Por otra parte, también se buscó disminuir el déficit fiscal reduciendo el salario de los empleados estatales y aumentando las tarifas. Sin embargo, los recortes y el aumento de los impuestos no alcanzaron para lograr pagar las cuentas públicas que crecían debido a:

• Los intereses de la deuda externa (que incluía la deuda privada estatizada por la dictadura militar).
• La caída de la recaudación impositiva.
• La política monetaria.
• Los crecientes gastos del Estado.

El «Plan Primavera»

En este contexto, la inflación se disparó y, en las elecciones legislativas de fines de 1987, el radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Los diputados peronistas consiguieron aprobar la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, y otra ley de convenios colectivos de trabajo, que establecía que los salarios se fijaban, únicamente, a partir de la libre discusión entre empresarios y trabajadores. De este modo, el Estado perdió la capacidad de controlar los salarios y, con ello, el mantenimiento del Plan Austral era insostenible.

La crisis económica se agravó durante 1988, la inflación resultó insoportable para la sociedad y el gobierno anunció la suspensión del pago de intereses de la deuda externa. Entonces, el gobierno anunció como solución el «Plan Primavera»:

• Apertura de la economía.
• Devaluación del Austral.
• Desdoblamiento del tipo de cambio.
• Mantener el dólar bajo a través de una gran oferta de divisas por parte del Banco Central.
• Altas tasas de interés para los depósitos bancarios.

El resultado del proyecto no fue lo esperado. Los grupos económicos mas poderosos se lanzaron a la especulación financiera y ocurrió una importante «corrida hacia el dólar» que produjo un constante drenaje de reservas del Banco Central. El 6 de Febrero de 1989, el gobierno suspendió la oferta de divisas del Banco Central. De este modo, el precio del dólar y la inflación se dispararon estrepitosamente.

La hiperinflación

A principios de marzo de 1989, los exportadores comenzaron a negarse a liquidar sus divisas a la tasa de cambio oficial y el Banco Mundial suspendió un crédito en dólares por el atraso en el pago de los intereses. Así, después de largos periodos de alta inflación, se había alcanzado la «hiperinflación», donde los precios e remarcaban todos los días e incluso dos veces diarias. Sólo el mes de Julio registró una inflación de casi el 200%.

Un proceso de hiperinflación produce la destrucción de la moneda local hasta que pueda ser suplantada. Por ello, los grandes beneficiarios de este contexto económico fueron aquellos que lograron dolarizar sus ingresos y patrimonio —Grupos financieros, monopolios exportadores, los grandes productores agropecuarios, etc.— En cambio, vieron totalmente perjudicado sus ingresos los pequeños asalariados, pensionados y jubilados. También se vieron afectados los pequeños y medianos comerciantes; industriales; pequeños productores y ahorristas.

La oposición política y sindical ⁽⁴⁾

El principal partido político opositor al radicalismo fue el peronismo, el cual fue muy reacio a establecer acuerdos parlamentarios. Desde 1984 creció el conflicto dentro de este partido y, poco a poco, comenzó a formarse un grupo disidente. Estos fueron llamados «renovadores» y lograrán vencer frente a los «ortodoxos», que hasta ese entonces dominaban el PJ. El partido avanzará a una profunda transformación interna cuando el renovador, Antonio Cafiero, fue electo gobernador de Buenos Aires en 1986 y presidente del PJ en 1987.

El sindicalismo fue un profundo opositor del gobierno alfonsinista. Si bien el presidente intentó poner fin a la burocracia sindical a través de la «ley de reforma sindical», esta no pudo ser sancionada en el Senado. La mayoría de los gremios estaban bajo control peronista y ante el intento del gobierno de recortar sus recursos económicos, la CGT realizó 13 paros generales.

Otro sector opositor al gobierno fue la Iglesia católica. El grupo eclesiástico tuvo una creciente hostilidad hacia el gobierno radical cuando se debatía la Ley de divorcio. El clero amenazó con la excomunión de los diputados que la votasen. Pero como el grueso de la sociedad estaba a favor de dicho proyecto de ley, finalmente se sancionó. A cambio, la Iglesia obtuvo un lugar privilegiado en el Congreso Pedagógico que debatía las bases de la futura Ley Federa de Educación.

Conflictos políticos y salida anticipada del gobierno de Alfonsín ⁽⁵⁾

Las elecciones presidenciales del 14 de Mayo de 1989 le dieron el triunfo al peronismo. Mientras, el gobierno de turno estaba muy diezmado y desacreditado a nivel público. Por lo tanto, era muy dificultoso para el alfonsinismo esperar hasta el 10 de Diciembre a ser reemplazado. La población, duramente empobrecida, realizó una serie de saqueos de almacenes y supermercados. Vale aclarar, que hubo también muchos «saqueadores» que fueron estimulados por la oposición para generar una imagen crítica del gobierno.

Estos eventos, tan angustiosos, fueron utilizados «políticamente» durante la década de 1990 como ejemplos de la decadencia social a la que se podía volver a caer si no se aceptaba la aplicación de políticas neoliberales. Finalmente, Raúl Alfonsín debió anticipar la salida de su gobierno y le entregó la banda presidencial a Carlos Saúl Menem, el 8 de Julio de 1989.

Bibliografía

¹ –Novaro, Marcos. Historia de la Argentina. 1955-2010. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2016.

²- Jelín, Elizabeth, «La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado», en Marina Franco y Florencia Levín (comps), La historia argentina reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires, Paidós, 2007, pp. 307-337.

-Novaro, Marcos y Vicente Palermo, Historia Argentina. La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Tomo 9, Buenos Aires, Paidós, 2011.

³- Belini, Claudioy Juan Carlos Korol. Historia económica de la argentina en los siglos xx y xxi. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2020.

⁴- Novaro, Marcos. Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y nación (1983-2001), Buenos Aires, Paidós, 2009.

-Novaro, Marcos. Historia de la Argentina. 1955-2010. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2016.

⁵- Palermo, Vicente y Marcos Novaro. Política y poder en el gobierno de Menem, Buenos aires, Norma, 1996.